La normativa perseguirá a trabajadoras del sexo y clientes para acabar con un espectáculo «degradante» .
El Ministerio del Interior pretende multar a quien ejerza la prostitución en las carreteras, así como a los clientes. «Es necesario acabar con ese espectáculo lamentable y degradante», dijo ayer en Barcelona el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, justo un día después de que entrara en vigor la ley catalana que establece sanciones que llegan a 30.000 euros para meretrices y usuarios que sean pillados in fraganti en las vías de tráfico, en este caso las de titularidad catalana. Interior, según señaló Fernández Díaz, estudia una reforma del Código Penal que incluya «alguna tipificación» que endurezca la prostitución. En concreto, si se practica en las carreteras, una actividad muy extendida sobre todo en las zonas turísticas, donde miles de mujeres ofrecen sus servicios sexuales en los arcenes y márgenes de las calzadas, con el consiguiente peligro para ellas y los conductores. «A ninguna persona civilizada le gusta ese espectáculo. Todos tenemos que ser conscientes de que hay que acabar con estas conductas que explotan a las mujeres», señaló el ministro.
En Cataluña, la norma que ha empezado a aplicarse esta semana tipifica como una infracción grave la presencia de prostitutas y clientes en las carreteras y, por tanto, faculta a los Mossos d'Esquadra a imponer las multas, eso sí, teniendo en cuenta factores como la peligrosidad de la carretera o la reincidencia. La Policía catalana dispone además de un archivo con los datos personales de todas las prostitutas y los clientes que sean multados por practicar el sexo en los bordes de las vías.
Al margen de las posibles sanciones contra quien ejerza la prostitución en las carreteras, Interior tiene sobre la mesa una reforma del Código Penal, «aún en fase inicial», según fuentes de Interior, que le permita luchar contra la explotación sexual de las mujeres en un sentido más amplio.
«Estamos estudiando medidas administrativas y penales que signifiquen una lucha más eficaz contra la explotación de las mujeres, contra un tráfico tan degradante como ese, que da una imagen del país muy poco edificante», señaló el ministro. De hecho, desde la Generalitat y desde los ayuntamientos, por ejemplo el de Barcelona, que acaba de aprobar severas multas contra la prostitución callejera, se reclama con insistencia al Gobierno central que el Código Penal contemple como delito la prostitución en la vía pública, ya que se cree que la penalización ayudará a reducir la oferta y demanda sexual en las calles.
Y es que, por ahora, solo el Ejecutivo central puede declarar legal o ilegal esta actividad, que de momento no está regulada en España, pero que llama la atención en el exterior. No en vano, España ha sido protagonista en los últimos tiempos de amplios reportajes en la prensa internacional que daban cumplida cuenta de la laxitud de las leyes españolas en esta materia. En concreto, 'The New York Times' dedicó hace un par de meses un extenso artículo a la localidad gerundense de La Junquera, situada en la frontera con Francia, que se ha convertido en destino sexual para miles de turistas franceses. Así, el rotativo neoyorquino explicaba que, según cifras del Gobierno, en España hay entre 200.000 y 400.000 profesionales del sexo, de las que el 90% forman parte de redes de tráfico de mujeres.
Distintas asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de las prostitutas criticaron los planes de Interior, ya que es el «colmo de la hipocresía y de la doble moral», y solo conseguirá que la prostitución se practique en la «clandestinidad», según señalaron desde la entidad Hetaira. Fuentes socialistas también cargaron contra la iniciativa, que logrará que la «prostitución salga de las carreteras principales para esconderse en áreas secundarias».
TÍTULO: LA CRISIS AGRAVA LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE LOS ADOLESCENTES.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil celebró ayer un década de vida. Un tiempo que ha servido para poner el acento en una lacra que, salvo en Europa, afecta a todos los continentes. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) estima que hay 215 millones de niños explotados laboralmente, de los que 9 millones están encuadrados en las peores formas de trabajo infantil: niños de la guerra, trata de seres humanos, correos de la droga, trabajo de siervo o esclavo sexual.
Por volumen, la zona de Asia-Pacífico sigue siendo el lugar del mundo donde se concentra el mayor número de jóvenes trabajadores, con 113 millones. Empero, el África subsahariana sigue siendo por intensidad donde más niños son forzados a trabajar: uno de cada cuatro. Muy superior al 12,5% de Asia-Pacífico o al 10% de América Latina y Caribe. El abuso laboral de los jóvenes se concentra en el campo. Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, Juan Somavia, representante de la OIT en España, destacó que entre 2000 y 2008, cuando se realizó la última gran radiografía de la explotación infantil en el mundo, «las peores formas de trabajo infantil» se redujeron un 30% entre los menores de 15 años.
Sin embargo, la crisis ha traído un problema añadido para los adolescentes. Según la OIT, se están produciendo abusos en diferentes zonas del planeta, como ha ocurrido en las zonas más agrícolas de Estados Unidos. Pero a pesar de esta «impresión» que la OIT está estudiando, la evolución de esta lacra hacia su desaparición está cada vez más cerca. En este sentido, el trabajo de las multinacionales ha ayudado porque su implicación en todos los procesos de producción es más intenso. «Sienten la presión de los consumidores, ONG y sindicatos. Y está dando resultados», señaló. Antes, las grandes compañías no se preocupaban de cómo se contrataban en los países en vías de desarrollo donde se hacían sus productos. Ahora vigilan todo el proceso, incluido el origen de las materias primas.
foto--Crisis económica agrava problema de explotación de menores,.
El Ministerio del Interior pretende multar a quien ejerza la prostitución en las carreteras, así como a los clientes. «Es necesario acabar con ese espectáculo lamentable y degradante», dijo ayer en Barcelona el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, justo un día después de que entrara en vigor la ley catalana que establece sanciones que llegan a 30.000 euros para meretrices y usuarios que sean pillados in fraganti en las vías de tráfico, en este caso las de titularidad catalana. Interior, según señaló Fernández Díaz, estudia una reforma del Código Penal que incluya «alguna tipificación» que endurezca la prostitución. En concreto, si se practica en las carreteras, una actividad muy extendida sobre todo en las zonas turísticas, donde miles de mujeres ofrecen sus servicios sexuales en los arcenes y márgenes de las calzadas, con el consiguiente peligro para ellas y los conductores. «A ninguna persona civilizada le gusta ese espectáculo. Todos tenemos que ser conscientes de que hay que acabar con estas conductas que explotan a las mujeres», señaló el ministro.
En Cataluña, la norma que ha empezado a aplicarse esta semana tipifica como una infracción grave la presencia de prostitutas y clientes en las carreteras y, por tanto, faculta a los Mossos d'Esquadra a imponer las multas, eso sí, teniendo en cuenta factores como la peligrosidad de la carretera o la reincidencia. La Policía catalana dispone además de un archivo con los datos personales de todas las prostitutas y los clientes que sean multados por practicar el sexo en los bordes de las vías.
Al margen de las posibles sanciones contra quien ejerza la prostitución en las carreteras, Interior tiene sobre la mesa una reforma del Código Penal, «aún en fase inicial», según fuentes de Interior, que le permita luchar contra la explotación sexual de las mujeres en un sentido más amplio.
«Estamos estudiando medidas administrativas y penales que signifiquen una lucha más eficaz contra la explotación de las mujeres, contra un tráfico tan degradante como ese, que da una imagen del país muy poco edificante», señaló el ministro. De hecho, desde la Generalitat y desde los ayuntamientos, por ejemplo el de Barcelona, que acaba de aprobar severas multas contra la prostitución callejera, se reclama con insistencia al Gobierno central que el Código Penal contemple como delito la prostitución en la vía pública, ya que se cree que la penalización ayudará a reducir la oferta y demanda sexual en las calles.
Y es que, por ahora, solo el Ejecutivo central puede declarar legal o ilegal esta actividad, que de momento no está regulada en España, pero que llama la atención en el exterior. No en vano, España ha sido protagonista en los últimos tiempos de amplios reportajes en la prensa internacional que daban cumplida cuenta de la laxitud de las leyes españolas en esta materia. En concreto, 'The New York Times' dedicó hace un par de meses un extenso artículo a la localidad gerundense de La Junquera, situada en la frontera con Francia, que se ha convertido en destino sexual para miles de turistas franceses. Así, el rotativo neoyorquino explicaba que, según cifras del Gobierno, en España hay entre 200.000 y 400.000 profesionales del sexo, de las que el 90% forman parte de redes de tráfico de mujeres.
Distintas asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de las prostitutas criticaron los planes de Interior, ya que es el «colmo de la hipocresía y de la doble moral», y solo conseguirá que la prostitución se practique en la «clandestinidad», según señalaron desde la entidad Hetaira. Fuentes socialistas también cargaron contra la iniciativa, que logrará que la «prostitución salga de las carreteras principales para esconderse en áreas secundarias».
TÍTULO: LA CRISIS AGRAVA LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE LOS ADOLESCENTES.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil celebró ayer un década de vida. Un tiempo que ha servido para poner el acento en una lacra que, salvo en Europa, afecta a todos los continentes. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) estima que hay 215 millones de niños explotados laboralmente, de los que 9 millones están encuadrados en las peores formas de trabajo infantil: niños de la guerra, trata de seres humanos, correos de la droga, trabajo de siervo o esclavo sexual.
Por volumen, la zona de Asia-Pacífico sigue siendo el lugar del mundo donde se concentra el mayor número de jóvenes trabajadores, con 113 millones. Empero, el África subsahariana sigue siendo por intensidad donde más niños son forzados a trabajar: uno de cada cuatro. Muy superior al 12,5% de Asia-Pacífico o al 10% de América Latina y Caribe. El abuso laboral de los jóvenes se concentra en el campo. Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, Juan Somavia, representante de la OIT en España, destacó que entre 2000 y 2008, cuando se realizó la última gran radiografía de la explotación infantil en el mundo, «las peores formas de trabajo infantil» se redujeron un 30% entre los menores de 15 años.
Sin embargo, la crisis ha traído un problema añadido para los adolescentes. Según la OIT, se están produciendo abusos en diferentes zonas del planeta, como ha ocurrido en las zonas más agrícolas de Estados Unidos. Pero a pesar de esta «impresión» que la OIT está estudiando, la evolución de esta lacra hacia su desaparición está cada vez más cerca. En este sentido, el trabajo de las multinacionales ha ayudado porque su implicación en todos los procesos de producción es más intenso. «Sienten la presión de los consumidores, ONG y sindicatos. Y está dando resultados», señaló. Antes, las grandes compañías no se preocupaban de cómo se contrataban en los países en vías de desarrollo donde se hacían sus productos. Ahora vigilan todo el proceso, incluido el origen de las materias primas.
foto--Crisis económica agrava problema de explotación de menores,.
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