TÍTULO: El PSOE irá al Constitucional si el PP sigue vetando las explicaciones de Dívar.
La Mesa de la Cámara Baja contradice la doctrina del Tribunal Constitucional y los precedentes.
CiU vota también en contra de que el presidente del Supremo dé explicaciones sobre sus viajes.
Sí comparecerá el fiscal general del Estado, una petición de Izquierda Plural.
El pleno votará el martes la comisión de Bankia que pide IU, pero retrasa la del PSOE.
El PP ha vetado en la Mesa del Congreso las peticiones de comparecencia de Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, ante la Comisión de Justicia de la Cámara. La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha anunciado que su partido recurrirá la decisión y, si el PP sigue vetando las explicaciones de Dívar, acudirá al Tribunal Constitucional.
En su comparecencia en el Congreso, la portavoz parlamentaria del PSOE ha eludido sin embargo pedir la dimisión de Dívar. Lo importante, ha afirmado, es que el presidente del Supremo dé explicaciones sobre sus viajes. Rodríguez fija así la posición de los socialistas en este asunto, ya que ningún dirigente del PSOE se había pronunciado todavía sobre si apuestan por el cese del presidente del CGPJ. La postura del principal partido de la oposición es, por tanto, esperar a las explicaciones de Dívar antes de pedir su dimisión.Los populares, con apoyo de CiU, han vetado directamente las peticiones de PSOE e IU, con el argumento de que el Congreso no está para controlar al CGPJ, tal y como defendió la pasada semana el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
La decisión de la Mesa contradice la doctrina del Tribunal Constitucional, que en 2003 falló que este órgano de la Cámara debe limitarse a tramitar las peticiones de comparecencia y no tiene capacidad para vetarlas. Esa sentencia, que consideró que el PP vulneró los derechos fundamentales de los diputados recurrentes, se produjo precisamente como consecuencia de un recurso del PSOE ante el bloqueo de una petición de comparecencia del entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial.
La Mesa sí ha dado luz verde a la comparecencia del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, una petición que había hecho la Izquierda Plural.
Celia Villalobos ha sido la voz del PP en esa Mesa y ha encabezado la negativa de los populares, frente al socialista Javier Barrero. El PSOE, además de la doctrina del Constitucional, ha esgrimido los precedentes, porque hay al menos cinco comparecencias recientes del presidente del CGPJ en la Cámara en los últimos años, algunas de ellas a petición del PP. En concreto, el PSOE esgrime dos precedentes de Dívar en 2009 y tres del anterior presidente, Francisco Hernando, en 2004 y 2005.
Además, la Junta de Portavoces, también con mayoría del PP, ha aceptado tramitar la moción de IU que pide una comisión de investigación sobre Bankia. Se debatirá y votará el próximo martes, pero al ser consecuencia de una moción no serviría para crearla, en el caso hipotético de que el PP la aceptara. Sin embargo, no se ha incluido para la próxima semana la petición del PSOE sobre una comisión de investigación que sí tendría capacidad de decidir, pero que no irá al Pleno antes del día 20 de junio.
La Mesa del Congreso ha rechazado también la solicitud de que se constituya una comisión de investigación sobre la Casa Real, como habían solicitado la Izquierda Plural, ERC y BNG, por ser una iniciativa que va "en contra de la propia Constitución", según la vicepresidenta de la Cámara, Celia Villalobos. Villalobos, al término de la reunión del órgano de Gobierno de la Cámara, ha explicado que la decisión de rechazar esta comisión se ha adoptado por unanimidad y ni siquiera ha habido que votar porque todos los miembros estaban "claramente" de acuerdo.
La Izquierda Plural, ERC y BNG solicitaron la semana pasada la creación de una comisión específica sobre la Casa Real para introducir medidas de transparencia y control en la Jefatura del Estado, sobre todo en sus cuentas. Con esta iniciativa, los grupos proponentes querían acabar, según argumentaron, con el problema de "opacidad" y "falta de democracia" de la Monarquía con medidas de control parlamentario a sus actividades y sus cuentas.
TÍTULO: Un paso más hacia el final de Al Qaeda.
El ataque aviva el debate sobre el uso de los drones.
Estados Unidos dice haber alcanzado en un ataque de aviones sin tripulación (drones) sobre Pakistán al supuesto número dos de Al Qaeda, Abu Yahia al Libi lo que revitaliza el debate, tanto sobre los éxitos de la Administración norteamericana en su última y más eficaz estrategia contra el terrorismo, como sobre el uso de esos nuevos y mortíferos robots militares cuya actuación empieza a tener serias repercusiones diplomáticas y políticas.
Fuentes oficiales estadounidenses afirman que Al Libi se encontraba el lunes junto a otros 14 militantes de Al Qaeda en el lugar que fue impactado por la bomba lanzada por un drone, y creen haber confirmado también que resultó muerto en el ataque, lo que supone el mayor éxito obtenido por el Ejército norteamericano desde la muerte de Osama bin Laden. Al Libi era considerado uno de los principales jefes operativos de la organización terrorista, con influencia para decidir ataques en todo el mundo, pero especialmente en Pakistán y Afganistán. Su muerte, de no ser finalmente desmentida, representa un paso más hacia la completa liquidación del grupo responsable de los atentados del 11 de septiembre.
Pero a la espera de la plena confirmación, el episodio ha alimentado ya una polémica sobre la utilización de drones que crece desde hace tiempo. El Gobierno de Pakistán, que desaprueba ese tipo de arma y libra un difícil pulso al respecto con Washington, ha presentado ya una protesta oficial a los diplomáticos norteamericanos. Pakistán considera que los ataques con drones, de los que ha habido ocho en los dos últimas semanas en la misma región del noroeste en las que se asienta la población más vinculada a Al Qaeda, son una violación de su soberanía nacional. Un alto funcionario paquistaní confesó a la cadena CNN que nunca son avisados previamente de los ataques y que, en esta ocasión, por tanto, desconocían qué había sucedido con Al Libi.
EE UU ha reconocido que esos bombardeos, pese a la precisión que permiten las modernas tecnologías, han dado lugar en ocasiones la muerte de civiles de los que no se ha podido probar su relación con Al Qaeda. Una de esas matanzas, hace seis meses, provocó que el Gobierno paquistaní cortara la ruta de suministro a Afganistán a través de su país, un asunto que todavía no ha sido resuelto.
La muerte de inocentes y el uso creciente de los drones se ha convertido también en tema de polémica dentro de EE UU. Organizaciones de derechos humanos y rivales de Barack Obama, tanto desde la derecha como de la izquierda, se han quejado de esa estrategia. Especialmente entre la derecha, se compara la política de George Bush de cárceles secretas, torturas y detenciones ilegales en Guantánamo, con la de Obama de muerte instantánea de los sospechosos en los bombardeos de los drones.
Algunas de estas críticas se apoyan en un artículo publicado recientemente por el diario The New York Times en el que se hacía una recolección de todas los ataques de drones ocurridos desde el comienzo de la presidencia de Obama y se detallaba la participación personal que el presidente ha tenido en la autorización de los ataques. Tanto ha sido el uso y abuso de ese artículo, que The New York Times publicó ayer una aclaración sobre lo que se decía y no se decía en él. Entre lo que no se decía, pero ha circulado intensamente, se incluye que Obama autorizase la muerte de una militante de 17 años o que David Axelrod, entonces el principal asesor político de la Casa Blanca, participase en las reuniones sobre los drones.
Las facilidades que ofrece una tecnología tan eficaz y en la que se corre ningún riesgo de vidas propias abre, por supuesto, una nueva era en la forma de hacer la guerra y presenta numerosos interrogantes de carácter moral. Aunque todavía no es un escándalo, será también motivo de alguna discusión en esta campaña electoral. Los drones, entre otras cosas, han ayudado a darle a Obama una imagen de fuerza. Pero, quizá, pueden contribuir también a darle una imagen de crueldad.
Fuentes oficiales estadounidenses afirman que Al Libi se encontraba el lunes junto a otros 14 militantes de Al Qaeda en el lugar que fue impactado por la bomba lanzada por un drone, y creen haber confirmado también que resultó muerto en el ataque, lo que supone el mayor éxito obtenido por el Ejército norteamericano desde la muerte de Osama bin Laden. Al Libi era considerado uno de los principales jefes operativos de la organización terrorista, con influencia para decidir ataques en todo el mundo, pero especialmente en Pakistán y Afganistán. Su muerte, de no ser finalmente desmentida, representa un paso más hacia la completa liquidación del grupo responsable de los atentados del 11 de septiembre.
Pero a la espera de la plena confirmación, el episodio ha alimentado ya una polémica sobre la utilización de drones que crece desde hace tiempo. El Gobierno de Pakistán, que desaprueba ese tipo de arma y libra un difícil pulso al respecto con Washington, ha presentado ya una protesta oficial a los diplomáticos norteamericanos. Pakistán considera que los ataques con drones, de los que ha habido ocho en los dos últimas semanas en la misma región del noroeste en las que se asienta la población más vinculada a Al Qaeda, son una violación de su soberanía nacional. Un alto funcionario paquistaní confesó a la cadena CNN que nunca son avisados previamente de los ataques y que, en esta ocasión, por tanto, desconocían qué había sucedido con Al Libi.
EE UU ha reconocido que esos bombardeos, pese a la precisión que permiten las modernas tecnologías, han dado lugar en ocasiones la muerte de civiles de los que no se ha podido probar su relación con Al Qaeda. Una de esas matanzas, hace seis meses, provocó que el Gobierno paquistaní cortara la ruta de suministro a Afganistán a través de su país, un asunto que todavía no ha sido resuelto.
La muerte de inocentes y el uso creciente de los drones se ha convertido también en tema de polémica dentro de EE UU. Organizaciones de derechos humanos y rivales de Barack Obama, tanto desde la derecha como de la izquierda, se han quejado de esa estrategia. Especialmente entre la derecha, se compara la política de George Bush de cárceles secretas, torturas y detenciones ilegales en Guantánamo, con la de Obama de muerte instantánea de los sospechosos en los bombardeos de los drones.
Algunas de estas críticas se apoyan en un artículo publicado recientemente por el diario The New York Times en el que se hacía una recolección de todas los ataques de drones ocurridos desde el comienzo de la presidencia de Obama y se detallaba la participación personal que el presidente ha tenido en la autorización de los ataques. Tanto ha sido el uso y abuso de ese artículo, que The New York Times publicó ayer una aclaración sobre lo que se decía y no se decía en él. Entre lo que no se decía, pero ha circulado intensamente, se incluye que Obama autorizase la muerte de una militante de 17 años o que David Axelrod, entonces el principal asesor político de la Casa Blanca, participase en las reuniones sobre los drones.
Las facilidades que ofrece una tecnología tan eficaz y en la que se corre ningún riesgo de vidas propias abre, por supuesto, una nueva era en la forma de hacer la guerra y presenta numerosos interrogantes de carácter moral. Aunque todavía no es un escándalo, será también motivo de alguna discusión en esta campaña electoral. Los drones, entre otras cosas, han ayudado a darle a Obama una imagen de fuerza. Pero, quizá, pueden contribuir también a darle una imagen de crueldad.
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