TÍTULO: Portugal reconoce al consejo rebelde como "autoridad legítima" en Libia.
El Gobierno de Portugal ha reconocido este jueves al Consejo Nacional de Transición libio, el órgano administrativo de los rebeldes, como "la autoridad de gobierno legítima" de Libia, y se suma de esta forma a la treintena de países que también han respaldado la autoridad de los sublevados que combaten desde febrero contra el régimen de Muamar Gadafi.
A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores luso
ha reconocido "el papel que el Consejo Nacional de Transición desempeña
en el liderazgo del proceso de transición en Libia". Su reconocimiento,
añade la nota, se da también en interés de Portugal, "cuya política
exterior debe tener en cuenta su relación futura con Libia".
El Gobierno portugués ha manifestado su apoyo a la "soberanía, independencia, integridad territorial y unidad de libia" y ha respaldado "las aspiraciones del pueblo libio para la construcción de una sociedad libre y democrática".
Portugal, que ocupa en la actualidad uno de los puestos no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, preside el comité de sanciones de la organización internacional para Libia,.
TÍTULO: SE PUEDE SACER PARTIDO A LA BANCA,.
El Gobierno portugués ha manifestado su apoyo a la "soberanía, independencia, integridad territorial y unidad de libia" y ha respaldado "las aspiraciones del pueblo libio para la construcción de una sociedad libre y democrática".
Portugal, que ocupa en la actualidad uno de los puestos no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, preside el comité de sanciones de la organización internacional para Libia,.
TÍTULO: SE PUEDE SACER PARTIDO A LA BANCA,.
Se puede sacar partido al rescate de la banca?
La oposición reclama del Ejecutivo que
las ayudas concedidas al sector financiero tengan una rentabilidad
social.-foto-- De Guindos defiende las fundaciones bancarias en las cajas de
ahorros.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos,
que hizo balance ante la Comisión correspondiente del Congreso de los
avances en la reestructuración bancaria, tuvo que enfrentarse al
cuestionamiento de la oposición. ¿Se puede concluir que los cuantiosos fondos destinados al rescate de las entidades, y los elevados compromisos adquiridos para obtener el auxilio de los socios comunitarios, vayan a suponer un beneficio para los ciudadanos?
Desde el año 2009, las entidades financieras han obtenido, por los más diversos conceptos -avales, ayudas directas, inyecciones a la recapitalización- una cifra total de unos 370.000 millones de euros, cuantificó el portavoz socialista de Economía en el Congreso, Valeriano Gómez. El representante de esta fuerza política contrapuso esa cifra a la asignación presupuestaria que hubiera sido precisa para la actualización de las pensiones, unos 4.000 millones de euros, incluida la consolidación para el próximo año.
Gómez censuró con especial dureza la decisión del BBVA de no participar en el capital de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, también conocida como 'banco malo'. Evocó que el banco presidido por Francisco González fue «principal beneficiario» en la privatización de la banca pública cuando se produjo la fusión de BBV con Argentaria, e instó a dar justificaciones convicentes de su ausencia. «No entiendo que ahora, en una situación especialmente delicada de la economía española, pueda alegar que esto no va con él», observó, y apeló a la posición desairada en que esa actitud coloca al Gobierno.
El portavoz de Convergencia i Unió, Josep Sanchez i Llibre, recordó al ministro que su grupo siempre había considerado necesaria la reestructuración bancaria, pero en tanto fuera acompañada de una financiación efectiva a la economía productiva española. Por este motivo, insistió en el establecimiento de un coeficiente de crédito para que una parte importante de los 37.000 millones de euros que se van a inyectar a la banca se destine a este fin. El dirigente nacionalista también incidió en los criterios de gobernanza que van a regir en la Sareb, a la que consideró «la inmobiliaria más importante que existe en España y una de las más importantes de Europa».
Para el representante de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, uno de los principales problemas a los que se enfrenta el Gobierno en la reestructuración bancaria es su incapacidad de explicar a los ciudadanos lo que está haciendo, por el uso de un lenguaje críptico, y por la transformación apenas encubierta que de sectores como el de las cajas de ahorro se está produciendo. De todo ello, argumentó, no se perciben ventajas. «¿Cuándo calcula usted que va a fluir el crédito con normalidad para empresas y familias?», interrogó. Pedro Azpiazu, portavoz del PNV, incidió en similares cuestiones. «Los ciudadanos ya saben que van a tener que pagar, y este sería un buen momento para estimar los costes que pueda tener la reforma del sistema financiero». Rafael Larreina, de Amaiur, preguntó igualmente por el futuro de las cajas de ahorro.
Respondió el ministro que el crédito a las pymes tiene que crecer, pero lo consideró compatible con que se reduzca el conjunto del endeudamiento de la sociedad española. Aconsejó a los parlamentarios echar un vistazo a la evolución de los beneficios bancarios y su trayectoria decreciente. Es el resultado, explicó, de las exigencias de provisiones. Y De Guindos zanjó la cuestión de las entidades en crisis reconociendo que un ministro de Economía tiene la ventaja y el inconveniente de enterarse de las cosas un poco antes. «Cuando conozco los números, puedo echar la mirada atrás y actuar como un ángel vengador o intentar paliar los problemas, sin olvidar las causas que los han generado». «Sin llorar por la leche derramada -concluyó- intentaré analizar quien la ha derramado, pero, sobre todo, pretendo que nadie pague a futuro más de lo que efectivamente tiene que costarnos el saneamiento del sistema financiero español».
El ministro evocó que las cajas de ahorro que realizan su actividad a través de un banco, como La Caixa o Kutxabank, tienen que bajar su participación si continúan como tales, a no ser que se transformen en fundación bancaria. En función del porcentaje de capital que tenga del banco -algo que está en negociaciones con Bruselas, recordó De Guindos, defensor de que pueda mantener una mayoría- la fundación bancaria garantizará la obra social bajo supervisión de la comunidad autónoma. El protocolo que determinará las relaciones entre la fundación y el banco que controla, concluyó, es el que debe estar controlado por el Banco de España. Para el ministro, esta figura de la fundación bancaria «permite a las entidades que han operado correctamente, respetando responsabilidades y competencias autonómicas, mantener un sistema más transparente y adecuado que el que hemos tenido hasta ahora.»
Desde el año 2009, las entidades financieras han obtenido, por los más diversos conceptos -avales, ayudas directas, inyecciones a la recapitalización- una cifra total de unos 370.000 millones de euros, cuantificó el portavoz socialista de Economía en el Congreso, Valeriano Gómez. El representante de esta fuerza política contrapuso esa cifra a la asignación presupuestaria que hubiera sido precisa para la actualización de las pensiones, unos 4.000 millones de euros, incluida la consolidación para el próximo año.
Gómez censuró con especial dureza la decisión del BBVA de no participar en el capital de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, también conocida como 'banco malo'. Evocó que el banco presidido por Francisco González fue «principal beneficiario» en la privatización de la banca pública cuando se produjo la fusión de BBV con Argentaria, e instó a dar justificaciones convicentes de su ausencia. «No entiendo que ahora, en una situación especialmente delicada de la economía española, pueda alegar que esto no va con él», observó, y apeló a la posición desairada en que esa actitud coloca al Gobierno.
El portavoz de Convergencia i Unió, Josep Sanchez i Llibre, recordó al ministro que su grupo siempre había considerado necesaria la reestructuración bancaria, pero en tanto fuera acompañada de una financiación efectiva a la economía productiva española. Por este motivo, insistió en el establecimiento de un coeficiente de crédito para que una parte importante de los 37.000 millones de euros que se van a inyectar a la banca se destine a este fin. El dirigente nacionalista también incidió en los criterios de gobernanza que van a regir en la Sareb, a la que consideró «la inmobiliaria más importante que existe en España y una de las más importantes de Europa».
Para el representante de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, uno de los principales problemas a los que se enfrenta el Gobierno en la reestructuración bancaria es su incapacidad de explicar a los ciudadanos lo que está haciendo, por el uso de un lenguaje críptico, y por la transformación apenas encubierta que de sectores como el de las cajas de ahorro se está produciendo. De todo ello, argumentó, no se perciben ventajas. «¿Cuándo calcula usted que va a fluir el crédito con normalidad para empresas y familias?», interrogó. Pedro Azpiazu, portavoz del PNV, incidió en similares cuestiones. «Los ciudadanos ya saben que van a tener que pagar, y este sería un buen momento para estimar los costes que pueda tener la reforma del sistema financiero». Rafael Larreina, de Amaiur, preguntó igualmente por el futuro de las cajas de ahorro.
Respondió el ministro que el crédito a las pymes tiene que crecer, pero lo consideró compatible con que se reduzca el conjunto del endeudamiento de la sociedad española. Aconsejó a los parlamentarios echar un vistazo a la evolución de los beneficios bancarios y su trayectoria decreciente. Es el resultado, explicó, de las exigencias de provisiones. Y De Guindos zanjó la cuestión de las entidades en crisis reconociendo que un ministro de Economía tiene la ventaja y el inconveniente de enterarse de las cosas un poco antes. «Cuando conozco los números, puedo echar la mirada atrás y actuar como un ángel vengador o intentar paliar los problemas, sin olvidar las causas que los han generado». «Sin llorar por la leche derramada -concluyó- intentaré analizar quien la ha derramado, pero, sobre todo, pretendo que nadie pague a futuro más de lo que efectivamente tiene que costarnos el saneamiento del sistema financiero español».
El ministro evocó que las cajas de ahorro que realizan su actividad a través de un banco, como La Caixa o Kutxabank, tienen que bajar su participación si continúan como tales, a no ser que se transformen en fundación bancaria. En función del porcentaje de capital que tenga del banco -algo que está en negociaciones con Bruselas, recordó De Guindos, defensor de que pueda mantener una mayoría- la fundación bancaria garantizará la obra social bajo supervisión de la comunidad autónoma. El protocolo que determinará las relaciones entre la fundación y el banco que controla, concluyó, es el que debe estar controlado por el Banco de España. Para el ministro, esta figura de la fundación bancaria «permite a las entidades que han operado correctamente, respetando responsabilidades y competencias autonómicas, mantener un sistema más transparente y adecuado que el que hemos tenido hasta ahora.»
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