Más vale tarde. EL GOBIERNO. LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO- SORAYA SÁENZ DE SANTAMARIA

La decisión del Gobierno de facilitar el pago de las deudas no financieras que tienen las Administraciones públicas españolas era desde hacía tiempo de todo punto necesaria. Una cosa es tratar de asumir una muy discutible austeridad y otra bien distinta incumplir con las obligaciones contractuales. Los aplazamientos interminables de pagos de las diversas Administraciones públicas han sido una de las causas del debilitamiento de la actividad económica y del aumento del desempleo. Este daño ha sido más intenso en las empresas de menor dimensión y en los autónomos, porque no disponen de capacidad de interlocución con el sistema financiero que pueda ayudarles a superar las tensiones en la financiación del propio circulante. Una de las causas de la elevada mortalidad empresarial en nuestro país ha sido precisamente la asfixia financiera derivada del impago de las facturas debidas por Ayuntamientos y autonomías. Las principales organizaciones de proveedores de las Administraciones públicas estiman en unos 40.000 millones la deuda comercial pendiente de pago.
Ahora el Gobierno se ha comprometido a solucionar el problema “en unas semanas”. Preocupa, y no poco, la imprecisión temporal del ministro de Hacienda, aunque quizá se deba a que falta por concretar la deuda de los Ayuntamientos (tienen para ello hasta el 15 de marzo). Y también resulta muy preocupante que el Gobierno maneje como criterios para la prioridad de cobro no solo la antigüedad de la factura, sino también el descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago, lo que, a la espera de saber cómo se articula ese mecanismo, abre la puerta a una peligrosa quita generalizada de la deuda con proveedores. Foto de soroya Sáenz de Santamaría - La Vicepresidenta del Gobierno.
En todo caso, los efectos serán beneficiosos, incluso aunque las empresas acepten una quita, porque la financiación inmediata resulta imprescindible para evitar la destrucción de empleo. Los proveedores podrán cobrar directamente sus facturas de comunidades y Ayuntamientos a través de los bancos, tras la formación de un “consorcio financiero”, que tome en consideración los obstáculos que se plantearon con las anteriores líneas de crédito del ICO.
El mecanismo financiero descansaría en un convenio del Gobierno con las entidades para que puedan participar en la operación, a cambio de un tipo de interés ventajoso para atraerlos a esta operación. Los proveedores cobrarán directamente en las entidades bancarias suscriptoras del convenio, quienes cobrarán a su vez del Estado. La condición necesaria será el conforme de la Intervención General del Estado.
El buen fin del proceso depende ahora de cómo se instrumente la prioridad de pago y de la celeridad y eficiencia con que se desenvuelvan las Administraciones públicas afectadas, los deudores y, desde luego, el propio Gobierno. Son necesarias para que no se malogre esta imprescindible inyección financiera. A partir de ahí, deberían ser las propias Administraciones públicas las que primero cumplieran la ley de morosidad vigente.