Las máquinas de la mancomunidad estarán aquí todo el mes de abril, después de que ya hayan arreglado 15 caminos.
Las máquinas de la Mancomunidad de Maquinaria de Tierra de Barros ya llevan tiempo en Almendralejo arreglando caminos, tanto que incluso ya han podido concluir quince de ellos. De esta manera, el concejal de Agricultura, Eduardo del Álamo, es optimista y cree que cuando se vayan, una vez concluya el mes de abril, se habrán arreglado los 25 caminos que tiene el término municipal, alguno de los cuales hacía «seis o siete años que no se arreglaban».
En estos momentos, las máquinas están en el camino Calerizo, donde, como en los otros caminos, primero se está haciendo una actuación con la máquina motoniveladora, limpiando las cunetas, para después actuar sobre el firme, echando una capa de zahorra de la cantera de los Estiles, para luego pasar el rulo compactándola y echando agua si fuera necesario. Para ello, se está respetando la anchura de 7 metros que hay en el padrón de Almendralejo, para no tener que expropiar a los agricultores, apuntó el edil.
Actualmente las máquinas llevan 40 días y la intención es que estén todo el mes de abril en el término municipal de Almendralejo. Al principio, apuntó, solo iban a estar en el mes de marzo, aunque, teniendo en cuenta que se pierden tres o cuatro días en su traslado de un municipio a otro, se ha llegado a un acuerdo para aprovechar bien los recursos. Y que estén todo el tiempo aquí.
Durante ese tiempo también se arreglarán los dos caminos por los que pasa la procesión de San Marcos, aunque se esperará a poco antes de la romería para hacerlo.
El concejal aprovechó para recordar que el Ayuntamiento tenía una importante deuda con la mancomunidad, de unos 44.000 euros, de la anterior legislatura, que se ha saldado, «porque consideramos que los agricultores forman parte de un sector muy importante que lo tenían un poco abandonado».
Otras actuaciones que han llevado a cabo en la Concejalía de Agricultura son el acuerdo con el Ayuntamiento de Aceuchal para arreglar la vereda Cantalgallo, ya que una parte pertenece al término de Almendralejo y otra, en una margen, al de Aceuchal y en la otra al de Almendralejo. El acuerdo es para arreglarlo en toda su extensión, de tal manera que Aceuchal aporta el material para arreglarlo entero, como la zahorra «y nosotros ponemos la maquinaria», apuntó.
Otra actuación que se está haciendo con el Gobierno de Extremadura es la solicitud de una partida especial, a través de la mancomunidad, para que se arreglen otro tipo de caminos. Esos caminos pasarían de ser de tierra vegetal a tener cunetas, puentes y todo lo demás. Y se ha hecho la solicitud de cinco caminos como son los del último tramo del de la Reyerta, los caminos de Mérida, Solana y Aceuchal y la vereda de los Ortises. El edil confía en que las conversaciones lleven a buen término y cree que se arreglarán todos.
TÍTULO: EXTREMADURA SUSPENDE EN LA GESTIÓN DE SUS SERVICIOS SOCIALES.
Con una calificación de 4,2, la región no aprueba en protección social, según un estudio de una asociación estatal .
TÍTULO: EXTREMADURA SUSPENDE EN LA GESTIÓN DE SUS SERVICIOS SOCIALES.
Con una calificación de 4,2, la región no aprueba en protección social, según un estudio de una asociación estatal .
Extremadura suspende en el desarrollo de su sistema de servicios sociales en uno de los momentos más duros de la historia reciente para muchas familias. Además lo hace con alevosía porque el 4,2 que obtiene como calificación, según un estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, choca con el grado de 'excelencia' que logra cuando lo que se analiza es el dinero que se le dedica al asunto en la comunidad autónoma.
No en vano el caso extremeño pone en evidencia, según el estudio, que no por gastar más se logra un resultado más eficiente si la inversión no está bien gestionada.
Así, al analizar algunos de los indicadores que miden la relevancia económica que la región le da a los servicios sociales, el resultado es un 2,9 sobre 3. Su gasto por habitante en esta materia es de 353,7 euros, frente a los 280 de la media estatal. Su porcentaje de PIB destinado a este fin es 2,19% frente al 1,25% de la media y el porcentaje sobre el total de gasto de la comunidad es de 8,21% en comparación con el 6,93% del país.
Por ello resulta más chocante que en contrapartida, en materia de derechos y decisión política, el estudio ponga en evidencia de en Extremadura falta un marco normativo que garantice los derechos de los ciudadanos en materia de servicios sociales. Además, «carece de instrumentos de planificación y ordenación del sector y no ha sido capaz de integrar eficazmente la protección a la Dependencia, cuarto pilar del estado del bienestar», denuncian los autores: Gustavo A. García Herrero y José Manuel Ramírez Navarro. En su informe solo destacan tres logros de los servicios sociales extremeños: el de la ayuda a domicilio (lo reciben 9,9 de cada 100 personas mayores de 65 años, frente a los 4,69 de la media estatal). También sobresale la región en el número de plazas residenciales para personas mayores de 65 (5,4 por cada 100, frente a las 4,3 de España). Asimismo, está por encima de la media (1,59%) la cobertura de la protección a la dependencia en Extremadura (1,68%).
Son aspectos positivos que se ven empañados, sin embargo, por otros como el llamado 'limbo de la dependencia', ya que el análisis pone de manifiesto que a finales de 2011 casi una de cada tres personas -32,3% - con dictamen que les da derecho a una prestación o servicio en el Sistema de Atención a la Dependencia, no lo tiene prescrito.
Tampoco la dotación de sus estructuras básicas de servicios sociales y comarcales son suficientes. Y las coberturas de rentas mínimas de inserción son tan escasas que un ciudadano extremeño tiene la mitad de posibilidades que en el resto del estado de recibirlas (solo se benefician de ellas uno de cada 284,3 habitantes frente a los 147,6 de la media estatal).
Son mejorables también los porcentajes de acogimientos familiares de menores (55,2% en la región frente a los 63,5 de España). Y las plazas de alojamientos para personas sin hogar, (16,7 por cada 100.000 habitantes, son prácticamente la mitad de la media, 34,5). De hecho, es la comunidad con menor cobertura de toda España.
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