Alberto Ruiz-Gallardón dio ayer a entender que no se plantea realizar cesión alguna para evitar la huelga con la que le amenazan jueces y ...
Alberto Ruiz-Gallardón dio ayer a entender que no se
plantea realizar cesión alguna para evitar la huelga con la que le
amenazan jueces y fiscales para el próximo mes de enero.
Las siete asociaciones existentes de magistrados y
acusadores públicos acordaron el miércoles dar un ultimátum al Gobierno.
Comunicaron que si el Ejecutivo no da marcha atrás en la reforma de la
ley organica del Poder Judicial que ayer mismo aprobó el Congreso y
acepta pactar con estos colectivos el resto de profundos cambios de la
Justicia que tiene en preparación convocarán el tercer paro en los
tribunales de la historia democrática. Además, aseguraron que han
perdido toda la confianza en la capacidad de diálogo del ministro y que
solo aceptarán como interlocutor directo a Mariano Rajoy.
Gallardón no quiso entrar ayer en la confrontación
directa, pero sí que dejo claro que la ley aludida, que termina con los
jueces sustitutos y suplentes, aumenta la carga de trabajo de los
magistrados y reduce sus días anuales de permiso entre otras pérdidas
laborales, no va sufrir cambios tampoco en su tramitación final en el
Senado.
El titular de Justicia se olvidó del resto de las
demandas de las asociaciones, que se oponen a una futura ley que creen
que va restar competencias e independencia al Consejo General del Poder
Judicial, a las tasas a los litigantes y que desconfían del resto de las
grandes reformas en cartera. Prefirió reducir todo el conflicto a
términos de corporativismo.
Reafirmación
El ministro señaló que el Gobierno está obligado a dar «a
todos los servidores públicos el mismo trato» y que los colectivos
judiciales «tienen que entender que no podamos mantener los 18 días de
permiso o hacer un trato diferenciado en relación con la (supresión) de
la paga extra de Navidad al que se ha hecho con el resto de los
funcionarios». Dijo sentir «el máximo respeto por las decisiones de
jueces y fiscales», pero concluyó con un explícito: «El Gobierno está
haciendo lo que tiene que hacer».
A Gallardón tampoco parecen preocuparle demasiado los
avisos de los grupos de la oposición parlamentaria, que aprovecharon los
últimos debates de la controvertida reforma de la ley del Poder
Judicial en el Congreso para pedirle que escuche «el malestar unánime de
la Justicia» con sus reformas unilaterales. Los portavoces señalaron
que, en caso contrario, si no acepta el diálogo que le proponen los
jueces y fiscales tendrá que comprobar que a las «batas blancas» de los
sanitarios rebeldes con las privatizaciones de hospitales en Madrid y a
la «marea verde» de las protestas educativas se les unirán en la calle
«las togas negras» de los tribunales.
Sin cobertura legal
Quien sí pidió directamente a jueces y fiscales que
reflexionen antes de convocar la huelga fue el propio Consejo General
del Poder Judicial. Su portavoz, Gabriela Bravo, aprovechó la rueda de
prensa posterior al pleno de la institución para recordar que los paros
de magistrados, que son directamente un poder del Estado, no tienen
cobertura legal en España. Bravo señaló que este punto ya se estudió y
dictaminó por el órgano de gobierno de los jueces en 2009, cuando los
miembros de la carrera protagonizaron las otras dos únicas huelgas de la
democracia contra sendos ministros de Justicia socialistas.
La portavoz del Consejo dijo «comprender» el malestar de
los profesionales judiciales, pero también señaló que los ciudadanos
«difícilmente van a comprender» que los jueces paren los tribunales para
exteriorizar sus reivindicaciones.
Gabriela Bravo explicó, por otra parte, que el pleno del
CGPJ, prácticamente por unanimidad, declinó la petición del Consejo
General de la Abogacía, que mediante un escrito le animó a sumarse a las
instituciones que reclaman a grupos políticos y a la Defensora del
Pueblo que recurran ante el Tribunal Constitucional la ley de tasas
judiciales.
Lo que sí va hacer el Consejo, indicó Bravo, es encargar a
sus servicios de análisis y documentación un informe que determine si
las tasas que comenzarán a cobrarse en pocos días a los ciudadanos que
quieran interponer demandas ante los tribunales lesionan el derecho al
acceso a la Justicia que expresa la Constitución.
Muere María Teresa Alonso Vinateo, quinta víctima del Madrid Arena:
La joven -que permanecía ingresada en la Fundación Jiménez Díaz- sufría «lesiones cerebrales severas.
María Teresa Alonso Vinateo, la joven que permanecía
ingresada en la Fundación Jiménez Díaz tras resultar herida de gravedad
en la fiesta de Halloween del Madrid Arena, ha fallecido este jueves en
torno a la 13.30 horas, «como consecuencia de lesiones cerebrales
severas», según ha podido saber ABC.
La joven de 20 años, se encontraba en estado crítico desde
hacía casi un mes y estaba siendo mantenida con vida gracias a una
máquina de respiración asistida.
Presentaba el cerebro inflamado y el pecho torsionado debido al aplastamiento que sufrió en la avalancha que ha costado la vida a otras cuatro jóvenes: Rocío, Katia, Belén y Cristina. Sus padres decidieron no desconectarla de las máquinas que la mantenían con el fin de agotar todas las esperanzas.
«Rezamos para que nuestra hija viva»
Pilar y Fernando, los padres de María Teresa, imploran al
cielo. «Solo rezamos para que nuestra hija viva», exhala Pilar,
ocultando sus ojos tras unas gafas de sol.
Estos testimonios fueron recogidos por ABC
hace tan solo tres días cuando ambos salían de la UCI hospital en el
que han estado viviendo durante el último mes, desde que su hija entrara
en estado crítico después de la avalancha de la noche de Halloween en
el Madrid Arena.
María Teresa estudiaba el 2º curso del Grado de Ciencias
Químicas en la Universidad Autónoma y estaba repitiendo casi todas las
asignaturas. Era una apasionada de Gran Hermano y una tuitera
empedernida, de hecho llevaba semanas dejando mensajes en Twitter sobre lo ilusionada que estaba con la sesión de Steve Aoki en el Madrid Arena,.
No hay comentarios:
Publicar un comentario