El Ministerio del Interior ya ha puesto nombre a los violentos que la noche del miércoles convirtieron los aledaños del Congreso en un campo ...Afirma que 300 'bukaneros' están detrás de los altercados de los últimos meses en Madrid.
Foto de Javier periodista que trabaja en el programa Dando Caña nos explica estas dos noticias importantes de la vida,.
El Ministerio del Interior ya ha puesto nombre a los
violentos que la noche del miércoles convirtieron los aledaños del
Congreso en un campo de batalla en el que se produjeron 29 heridos, hubo
31 detenidos y se registraron cuantiosos daños en comercios y
mobiliario público. Según la Policía, tras estos incidentes, los más
graves registrados en Madrid en los últimos años, están los 'Bukaneros',
el grupo más ultra del Rayo Vallecano.
La Brigada Provincial de Información, que desde hace
meses sigue de cerca a este colectivo, sostiene que unos 300 miembros de
los 'Bukaneros' están también detrás de otros graves incidentes en
Madrid durante las últimas protestas y, en particular, de los altercados
que tuvieron lugar el pasado 25 de septiembre. Ese día, la convocatoria
'Rodea el Congreso' terminó con 62 heridos y 34 detenidos después de
que las Unidades de Intervención de la Policía cargaran violentamente
contra la muchedumbre como respuesta al intento de varios descontrolados
de arrancar la valla que protegía el acceso al Parlamento.
Entonces también la Policía señaló a los ultras del Rayo,
pero no hubo actuación policial. La madrugada de este viernes, sí. Solo
horas después de la batalla campal en el Congreso al termino de la
manifestación por la huelga general, la Policía desató una operación
registró la sede de los 'Bukaneros' en el madrileño distrito de Puente
de Vallecas y dos domicilios más en ese mismo distrito.
En esos allanamientos, los agentes se incautaron de
material «preparado para enfrentarse a los agentes y ya detectado en
varias manifestaciones». El balance final de la operación fue de 15
bengalas, cinco cohetes, cinco petardos de gran potencia, seis cajas de
fósforos, 40 botes de humo, doce palos de madera, algunos afilados a
modo de lanza, tres bates de béisbol, tornillería de gran tamaño, cuatro
martillos, tres defensas metálicas extensibles, 13 escudos de plástico
fabricados con tapas de cubos de basura y 14 cascos de moto. Además, dos
'bukaneros' fueron detenidos en posesión de botellas de líquido
inflamable y de gas, un petardo de gran tamaño, clavos y tornillería.
A pesar de los indicios contra el grupo, los 'Bukaneros'
negaron en su página web cualquier relación con los incidentes.
Aseguraron que los objetos incautados eran para dar «ambiente» en los
partidos, «material de cocina» o para dar «clases de defensa personal».
Los hinchas radicales acusaron asimismo a la delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, de someterles a una «persecución sin
precedentes» y de ser la cabezas de turco de una campaña del Ejecutivo
para «desviar la atención».
«Interesa más tratar a un pequeño colectivo como
auténticos terroristas que hablar de las históricas manifestaciones (de
la huelga) o de la enésima actuación desproporcionada e inhumana de las
fuerzas de seguridad», denunciaron los ultras del Rayo.
TÍTULO: EL GOBIERNO USARÁ LOS PISOS DEL BANCO MALO PARA REUBICAR A LOS DESAHUCIADOS,.
Tras una semana de infructuosas reuniones entre el Gobierno y el ... es la creación de un fondo social de viviendas para reubicar tanto a las ...
Bancos y cajas consideran que serán ellos quienes se carguen "en exclusiva con el coste económico" de esta medida y emplazan a buscar un acuerdo más "equilibrado",.
Tras una semana de infructuosas reuniones entre el
Gobierno y el PSOE, el Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto
Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, en especial, al de los colectivos más vulnerables
-familias numerosas o con niños pequeños, personas dependientes,
víctimas de maltrato...- con ingresos anuales inferiores a 19.200 euros,
que podrán permanecer un máximo de dos años en sus hogares sin costo
alguno. En Euskadi, el 55% de la población contribuyente -624.000 sobre
1.124.174- declara unos ingresos por debajo del límite fijado.
La principal novedad de esta norma, que entrará en vigor
mañana sábado, es la creación de un fondo social de viviendas para
reubicar tanto a las familias en riesgo de lanzamiento como a las que ya
han sido desahuciadas y cumplan con las condiciones socio-económicas
exigidas. Este 'banco' de viviendas procederá del stock en poder de las
entidades financieras intervenidas por el Estado o con ayudas públicas.
El Gobierno pisó el acelerador tras los dos últimos casos
de personas que se suicidaron cuando iban a ser desalojadas de su casa
-una de ellas Amaia Egaña, de 53 años, que se tiró por la ventana de su
piso el pasado viernes en Barakaldo-, y buscó un acuerdo rápido con el
principal partido de la oposición. Fuentes del Ejecutivo aseguraron que
hicieron una última oferta para cerrar un pacto de mínimos con el PSOE
tan solo unas horas antes de dar luz verde a este decreto, pero que los
socialistas rechazaron la propuesta al considerarla insuficiente. Desde
La Moncloa lamentan la falta de concreción de la representación
socialista en puntos claves, como el umbral económico de las familias
beneficiadas.
Parados sin prestación
El Real Decreto Ley contempla la paralización, durante un
periodo de dos años, de los desahucios que afecten a familias numerosas
-con tres hijos o más-; unidades familiares monoparentales con dos
hijos a cargo; familias con un menor de tres años y unidades familiares
que tengan a su cargo a personas discapacitadas, dependientes o
enfermas. También se aplicará a familias en las que el deudor
hipotecario esté en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo,
así como a aquellas en las que exista una víctima de la violencia de
género.
Además de cumplir estos requisitos, el nivel de renta de
los deudores hipotecarios no debe exceder en tres veces el IPREM
(Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que en 2012 es de 532
euros al mes, es decir, 19.200 euros al año. Otras condiciones que
permiten paralizar el desahucio son la alteración de las circunstancias
económicas -si la carga hipotecaria se ha multiplicado al menos por un
1,5% en los últimos cuatro años-; cuando ésta supere el 50% de los
ingresos netos de la familia; y en los que se trate de un crédito
garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad.
Soraya Sáenz de Santamaría hizo una llamada a la
«responsabilidad y a la coherencia» a la formación que lidera Alfredo
Pérez Rubalcaba por exigir ahora iniciativas, como el cambio de la Ley
Hipotecaria, que no tomaron durante los siete años y medio del mandato
de José Luis Rodríguez zapatero. «Sería porque algunas de estas medidas
son muy complejas», acotó la vicepresidenta en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros en la que también intervino el titular
de Economía, Luis de Guindos. Se refería a la proposición del PSOE de
reformar la Ley Hipotecaria. Una posibilidad sobre la que la número dos
del Ejecutivo no quiso pronunciarse de manera clara y que, si finalmente
se produce, deberá comunicar y consensuar con la Unión Europea tal y
como se han apresurado a recordar desde Bruselas.
De Guindos dejó claro que los pasos dados no modifican
esta crucial ley, sino el Código de Buenas prácticas, a las que se ha
acogido la gran mayoría de los bancos. Además, hizo hincapié en que «las
hipotecas se pagan en España, y esa es una de las fortalezas de nuestro
país».
La número dos del Ejecutivo enfatizó que no era el
momento de ver quién hacía la propuesta más amplía, sino de dar una
respuesta paliativa «a la situación más dura de la crisis económica que
padecemos». Ambos confiaron en que durante la tramitación parlamentaria
de este decreto-ley, se puedan sumar los socialistas y el resto de
grupos de la oposición.
Quejas de la banca
La Asociación Española de Banca (AEB) emitió ayer mismo
un comunicado el que comparte con el Gobierno «la necesidad de proteger a
aquellas personas socialmente más vulnerables y que están más expuestas
a los efectos de la crisis económica». Sin embargo, la patronal
bancaria se quejó agriamente y dijo que «tiene que hacer notar que el
coste económico de las medidas acordadas corre exclusivamente a cargo de
las entidades de crédito».
En el mismo sentido, la Confederación Española de Cajas
de Ahorros (CECA) señaló en otro comunicado que continuará ofreciendo su
colaboración en el actual proceso de reforma de la normativa
hipotecaria, para «alcanzar un adecuado equilibrio que garantice tanto
la necesaria protección de los clientes más vulnerables como la
estabilidad financiera».
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