El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, presentó el pasado martes ante los juzgados de Madrid una denuncia penal ...
Foto de Javier Solana político muy importante nos explica estas dos noticias,.
El sindicato asegura que Cosidó usó voló en un jet que legalmente solo puede ser usado por los agentes antidrogas,.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en
el Cuerpo, presentó el pasado martes ante los juzgados de Madrid una
denuncia penal contra el director general de la institución, Ignacio
Cosidó, por malversación de bienes públicos. El SUP sostiene que Cosidó
usó el pasado verano un jet incautado a un grupo de 'narcos' que
legalmente solo puede ser utilizado por los agentes de estupefacientes
de la Policía Judicial y únicamente para operaciones contra las
organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Interior, sin embargo,
argumenta que el SUP se equivoca de avión y tiene autorización judicial
para disponer del aparato «sin limitaciones» en sus traslados, siempre
que sean oficiales.
La denuncia del SUP pivota sobre el artículo 374.3 del
Código Penal, que limita el uso de los bienes decomisados a los
narcotraficantes exclusivamente a los funcionarios antidroga.
Textualmente, ese precepto establece que «la autoridad judicial podrá
acordar que, con las debidas garantías para su conservación y mientras
se sustancia el procedimiento, el objeto del decomiso, si fuese de
lícito comercio, pueda ser utilizado provisionalmente por la Policía
Judicial encargada de la represión del tráfico ilegal de drogas».
El sindicato también insiste en que el Fondo de Bienes
decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados y
la Ley de Represión de Contrabando reiteran que las propiedades
incautadas solo puede ser usados por las fuerzas de seguridad y en
exclusiva para combatir los delitos de narcotráfico y conexos.
Los hechos denunciados se remontan al pasado 14 de
agosto, cuando Cosidó, «en compañía de tres periodistas», voló a Cádiz
en un avión del Cuerpo Nacional de Policía para felicitar a los agentes
que habían participado en la 'Operación Espartana', en la que se había
interceptado un mercante con 3.000 kilos de cocaína en sus bodegas. La
demanda del SUP asegura que el aparato utilizado por el director era un
reactor alemán Tipo Jet bimotor, matrícula D-ISGW, que la Policía
interceptó en diciembre de 2005 en el aeródromo de Fuentemilanos, en
Segovia, en el transcurso de la 'operación Fomento' en la que fueron
incautados 106 kilos de cocaína .
Para el sindicato no hay duda de que Cosidó incurrió en
un delito de malversación porque es evidente que su figura como director
general no puede «integrarse dentro del concepto de Policía Judicial
dedicada particularmente a la persecución del tráfico de droga».
«El uso que se hizo del avión no se ajusta a los
requisitos establecidos legalmente. Cuestión distinta es que se estén
utilizando de forma permisiva y generalizada e, incluso, abusiva por
parte de responsables policiales aviones, vehículos y otros medios y
objetos intervenidos en la lucha contra el narcotráfico, al amparo de la
legislación indicada», apunta la denuncia. En ese documento, el SUP
insiste en la falta de «control» en el Cuerpo de esos medios incautados a
las redes de narcotraficantes y la «desviación en el uso y los fines
para los que han sido autorizados judicialmente».
'Operación Malaya'
Responsables de la Dirección General de la Policía
aseguraron que el viaje a Cádiz se realizó en otro avión, un reactor
matrícula EC-IAX, incautado en la conocida 'operación Malaya' de
blanqueo de capitales, nada que ver con el narcotráfico. En cualquier
caso, sostienen que el Cuerpo Nacional de Policía tiene autorización
judicial para usar ese aparato «sin limitaciones» en cuanto al motivo
del viaje, siempre que se trate de traslados oficiales de miembros de la
institución. Todo ello, amén de que el viaje en el avión del Cuerpo
costó 1.737 euros frente a los 3.861 que hubieran costado siete billetes
de ida y vuelta entre Madrid y Jerez, según esas fuentes.
TÍTULO: L CONSEJO DE ESTADO AVALA QUE EL GOBIERNO RECURRA EL EURO POR RECETA.
Ya son dos los avisos lanzados por el Gobierno después de sendos Consejos de Ministros. Al Ejecutivo central no le gusta nada el euro por,.
Ya son dos los avisos lanzados por el Gobierno después de
sendos Consejos de Ministros. Al Ejecutivo central no le gusta nada el
euro por receta que la Generalitat de Cataluña aplica desde julio a sus
ciudadanos y que los madrileños tendrán que pagar a partir del 1 de
enero. La semana pasada, la vicepresidenta ya adelantó que la medida no
era del agrado de la Moncloa y que la opción de acudir al Tribunal
Constitucional estaba encima de la mesa. Ayer, la advertencia se repitió
apoyada en un prolijo dictamen del Consejo de Estado.
El Ministerio de Hacienda acudió a este organismo
consultivo para preguntar si la reforma de la ley catalana de tasas y
precios públicos, donde se incluye el polémico gravamen farmacéutico,
pudiera vulnerar las líneas marcadas por la Carta Magna. Y el Consejo de
Estado no se anduvo por las ramas en su contestación. «Las comunidades
autónomas no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la
fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de
financiación pública, por ser esta una cuestión que forma parte de la
competencia exclusiva estatal consagrada en la Constitución», asegura en
su resolución.
«La instauración de esta tasa puede, como consecuencia
del ámbito sobre el que se proyecta, vulnerar el orden constitucional de
competencias», añade el fallo, que recuerda el artículo 149 de la Carta
Magna. Este apartado es el que atribuye las bases en materia de una
sanidad igualitaria en «vigencia y aplicación» en todo el territorio
español.
En su dictamen publicado a finales de junio, el Consejo
de Estado insiste en que «no cabe admitir» que los gobiernos autonómicos
impongan nuevos impuestos «cuya exacción comporte, en última instancia,
un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener
un determinado medicamento o producto sanitario». En este sentido, el
texto del organismo consultivo recuerda que el euro por receta rompe con
el acceso «en condiciones de igualdad y efectiva» que debe primera en
el Sistema Nacional de Salud y recuerda al Ejecutivo central que debe
«garantizar una condición mínima» en las medidas de acceso a los
productos farmacéuticos y «evitar la introducción de factores de
desigualdad en la protección básica de la salud».
Pregunta del PSOE
Después de recibir hace seis meses el informe del Consejo
de Estado sobre la tasa de la Ley 5/2012 de Cataluña, el Ejecutivo
decidió no acudir al Tribunal Constitucional a pesar de la contundencia
del escrito. Sin embargo, esta decisión puede cambiar si los dos
gobiernos autonómicos no cambian de opinión. Soraya Sáenz de Santamaría
señaló ayer que el Gobierno intentará «hacer entender» a Cataluña la
inconstitucionalidad de esta medida «y la necesidad de su modificación».
En el caso de Madrid, se actuará de la misma manera cuando «sea una
norma jurídica que entre en vigor».
Mientras el Gobierno central intenta que la Generalitat
retire esta medida y trata de convencer a los populares madrileños de
que no apliquen esta tasa, los socialistas se preguntan a qué espera el
Ministerio de Sanidad para actuar ante el alto tribunal. «Ya es hora de
que la ministra de Sanidad responda algo a lo que está ocurriendo con la
Sanidad en España, que diga qué va a hacer», preguntó Trinidad Jiménez.
La responsable de Política Social del PSOE aseveró que este gravamen en
cada volante supone «una desigualdad manifiesta entre los ciudadanos de
España». Además, anunció que en la próxima sesión de control al
Gobierno, prevista para el 28 de noviembre, su partido preguntará a Mato
sobre los planes del Ejecutivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario