Desahuciados con la policía foto.
Francisco José Fernández Pastor, de 40 años, casado, con cinco hijos: el mayor, de 17; el más pequeño, de 3. Clase media acomodada, autónomo. Había pedido un crédito hipotecario en 2002 para comprar un piso en Guadalajara. Se quedó en paro y empezó la pesadilla. Su mujer encontró trabajo temporal en un supermercado, pero no les llegaba para el pago de las letras, que rondaba los mil euros mensuales. El banco se negó a renegociar la deuda. Y Paco y su familia pasaron a ser carne de estadística. Una más de las 328.000 hipotecas ejecutadas en los tribunales desde que empezó la crisis. Estos expedientes acaban en desahucio en un plazo inferior a un año. Es necesario matizar que no solo se contabilizan viviendas con familias dentro; también plazas de garaje, naves industriales... Pero cuando se trata de la residencia habitual de una familia, ya no hay matices que valgan. Estamos hablando de un drama. Y el drama afecta ya a 151.000 familias. Y subiendo: 25 desahucios diarios en Madrid; barrios de Barcelona, como Ciutat Meridiana, tan castigados que 500 familias se han quedado sin techo... Y en 2012 el panorama se presenta aún más peliagudo, con al menos otras cien mil familias en peligro, las que se acogieron a refinanciaciones de su deuda muy complicadas cuando estalló la crisis y que ahora no pueden afrontar.
No solo se quedan en la calle, sino con una `púa´ en el banco que, en la mayoría de los casos, estarán pagando de por vida. En el caso de la familia Fernández Pastor, asciende a 200.000 euros, a los que hay que añadir otros 112.000 por los intereses de demora. Su casa ha sido subastada. Se la ha quedado -por 165.000 euros- el mismo banco que les concedió la hipoteca. Paco pidió que la entrega de las llaves zanjase la deuda. Así sucede en muchos países europeos y en Estados Unidos. Pero España es diferente. «No quiero que me regalen nada. Pero es injusto seguir pagando por algo que ya no tienes», razona Paco. El banco, por su parte, hace otro tipo de razonamiento: puede sacar a la venta una vivienda por la que el expropietario sigue pagando, y así cobrar dos veces. Negocio redondo. La ley se lo permite.
¿Es injusta la ley? Por lo menos es ciega. E inexorable. O pagas lo que debes, más los intereses (pueden suponer hasta un 30 por ciento de la deuda), más las costas judiciales, o te ponen de patitas en la calle. Los jueces se limitan a comprobar que los papeles están en regla y que la deuda existe. Así, entre más de 300.000 ejecuciones, solo hay un par de sentencias a favor del denunciado. Las han dictado las Audiencias de Navarra y Gerona. No frenan el desahucio, sino el reclamo de la deuda posterior. En el caso de Gerona, la sentencia acusa a las entidades financieras de «enriquecimiento injusto».
Cada vez son más las voces que reclaman una reforma de la ley hipotecaria y no solo una tregua, un resquicio legal con el que prorrogar unos meses la agonía. Primero fue la plataforma Afectados por la Hipoteca; después, el Movimiento 15-M; y ahora, incluso, Jueces para la Democracia. La frase mágica es dación en pago: que la entrega de la vivienda permita saldar la deuda hipotecaria de los afectados. Todos los colectivos que apoyan esta medida la limitan a que se trate de «deudores de buena fe, que han perdido sus ingresos en el contexto de la crisis». Es decir, que se excluya a los `caraduras´ profesionales. Unos 80 ayuntamientos, cuyos servicios sociales están desbordados pues son incapaces de realojar a todos los desahuciados, se han sumado a los que exigen un cambio de la normativa.
Entre los defensores de la reforma legal hay profesionales de prestigio, como el juez José María Fernández Feijóo, titular del Juzgado número 3 de lo Mercantil de Barcelona, que ha cuestionado ante el Tribunal de Luxemburgo si la normativa española es acorde con la protección al consumidor que exige la Unión Europea. Fernández no pone en duda que los préstamos hay que devolverlos, pero matiza la forma. «El que suscribe una hipoteca ha planificado pagar un préstamo durante toda una vida, pero se le exige todo de una vez cuando no puede pagar durante un corto periodo de tiempo».
Otra voz de peso es la de Gonzalo Bernardos, vicerrector de la universidad de Barcelona. «Resulta increíble que todos los ciudadanos le estemos regalando dinero a las entidades financieras a través de nuestros impuestos, y que estas sean incapaces de perdonar ni un céntimo de la deuda que le queda a los que han perdido el empleo o los que han cometido una equivocación endeudándose demasiado». Y propone condicionar el dinero público destinado a rescatar a los bancos y cajas en apuros a que estos hagan lo propio con los clientes que, por causa sobrevenida, no pueden afrontar la hipoteca.
Además, Bernardos se pregunta por qué las entidades sí se sientan a renegociar la deuda de constructoras y promotoras inmobiliarias, pero no lo hacen con los ciudadanos. «Nuestros bancos viven en otro planeta. Con el prestigio por los suelos y la oposición social en la calle, ¿pretenden seguir como hasta ahora mucho tiempo?». Este profesor, que ha testificado en calidad de experto ante la subcomisión parlamentaria que estudió la reforma de ley hipotecaria al final de la pasada legislatura, defendió una aportación del FROB -el fondo de ayudas a la banca- para saldar la deuda de las ejecuciones pendientes. «Estamos en un momento excepcional que precisa soluciones excepcionales. Esta medida costaría, como mucho, 20.000 millones de euros. A la banca le estamos dando muchísimo más desde los presupuestos oficiales».
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) estima que bastaría entre un uno y un dos por ciento de los casi 490.000 millones de euros que el Banco Central Europeo (BCE) ha inyectado a la banca española para solucionar el problema de las familias hipotecadas. Y ha solicitado al Gobierno del PP que apruebe una moratoria hipotecaria de tres años para los procesos de embargo.
La plataforma de Afectados por la Hipoteca impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para modificar la ley hipotecaria, pero fue bloqueada durante meses por el Parlamento anterior. A pesar de todo, la ha conseguido mantener viva y el próximo mes comenzará la recogida de firmas -se necesitan al menos medio millón- y, si consigue su objetivo, marcaría un hito de la democracia en España. La dación en pago es su propuesta estrella. Pero sus críticos también esgrimen razones de calado para oponerse. Entre ellos, el economista Jordi Garcia i Serra, director de la agencia Alumni UB. «El objetivo es muy laudable y bonito, pero es contraproducente. ¿Por qué? Porque estimula la morosidad y perjudica a los que pagan religiosamente, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos. Además, es una iniciativa antieconómica porque supone que el banco asume un riesgo, pero no obtiene los beneficios asociados. Si se aprobara, empeoraría el ya insuficiente crédito a las empresas y encarecería las hipotecas, puesto que a mayor riesgo, mayor tipo de interés. Y con unas hipotecas más caras, se reducirían las compraventas, y esto deprimiría aún más el mercado inmobiliario, que aún supone un 11 por ciento del PIB».
¿Qué hará Mariano Rajoy? Es un misterio. De momento se ha comprometido a impulsar otra subcomisión parlamentaria para estudiar el tema y se ha mostrado partidario «de la libertad de elección de modelos hipotecarios: uno que responda con el patrimonio y otro con la propiedad». Este último, lógicamente, será más caro y más difícil de conseguir. Sí ha sido tajante en un aspecto fundamental. La dación en pago nunca se aplicará de manera retroactiva, esto es, a las familias que ya han sido desahuciadas. El argumento es que «liquidaría la seguridad jurídica, y eso es lo peor que nos podría ocurrir en estos momentos en España». Es lógico. Los países donde no se respetan los contratos privados se convierten en parias en los mercados internacionales. No hay que ser un lince para vaticinar que las agencias de calificación nos triturarían. Tampoco hay que ser una lumbrera para adivinar que con la ley actual no solo se está condenando al desahucio a miles de familias, también al ostracismo social y económico, pues todos sus ingresos se destinarán a satisfacer una deuda que engorda cada mes con los intereses. Serán morosos de por vida.
TÍTULO: "LOS DESAHUCIOS SON UN GRANDÍSIMO NEGOCIO PARA LOS BANCOS´´
Entrevista Ada Colau,Portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Esta jurista es la cara más visible de la campaña `Stop Desahucios´. impulsada por un colectivo ciudadano que nació en 2009, sus reivindicaciones fueron adoptadas por el 15-M.
PARA SABER MÁS...
Expulsados
En España se lleva a cabo en este momento una media de 175 procedimientos por desahucio al día. Valencia, Andalucía y Madrid son, por ese orden, las comunidades en las que más desalojos se producen, aunque el problema afecta a todas.
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